¿Regula Bolivia a Binance? La Verdad detrás del Nuevo Reglamento de Criptoactivos

Fuentes:

• Declaraciones de Ivette Espinoza, conferencia de prensa, 8 de julio de 2025.
  • ASFI Bolivia
  • Unitel Bolivia
• Decreto Supremo 5384 y Resolución ASFI 540/2025.
• FATF: Virtual Assets.
• Philippines’ SEC to block access to world’s largest crypto exchange Binance.

En mi artículo anterior, planteé que Bolivia podría estar siguiendo las guías del Grupo de Acción Financiera (FATF) al regular plataformas internacionales de criptoactivos como Binance, basándome en el principio de “jurisdicción del cliente”. Esto sugería que cualquier plataforma que sirviera a residentes bolivianos podría estar sujeta a la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Sin embargo, me equivoqué. Las declaraciones recientes de Ivette Espinoza Vásquez, directora general ejecutiva de ASFI, durante una conferencia de prensa el 8 de julio de 2025, dejaron claro que mi interpretación fue incorrecta. En este artículo, corrijo ese error, explico el verdadero alcance de la regulación y reflexiono sobre cómo el contexto económico de Bolivia moldea este enfoque.

Cuando escribí el artículo original, asumí que Bolivia podría estar alineándose con las recomendaciones del FATF, que sugieren que los países regulen a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) que operan en su territorio o sirven a sus residentes. Pensé que plataformas como Binance, ampliamente utilizadas en Bolivia para transacciones peer-to-peer (P2P), podrían caer bajo este paraguas regulatorio. Mi razonamiento parecía lógico: si los bolivianos usan estas plataformas para acceder a stablecoins como USDT y sortear las restricciones cambiarias, ASFI podría querer supervisarlas. Pero subestimé un factor clave: la realidad práctica de un mercado pequeño como el boliviano y su contexto económico.

Las palabras de Ivette Espinoza en la conferencia de prensa fueron contundentes y reveladoras:

“Algo errado que han estado diciendo es que nosotros vamos a normar a Binance o esas otras plataformas. (…) La normativa es clara: aquí te habla de operaciones que están siendo brindadas por terceros, no operaciones peer-to-peer que están realizando las personas. (…) Binance es una plataforma que te permite comprar USDTs de persona a persona. Es un tema P2P. La norma no aplica para eso.”

Esta declaración cambia todo. La regulación establecida en el Decreto Supremo 5384 y la Resolución ASFI 540/2025 no se aplica a plataformas P2P internacionales como Binance Bitget o Bybit, sino a empresas que actúan como intermediarios financieros en Bolivia, como aquellas que compran criptoactivos en nombre de clientes o convierten USDT a bolivianos. En otras palabras, ASFI no está intentando regular a los gigantes globales, sino a los actores locales que “ayudan” a los usuarios en estas operaciones.

Para las empresas locales o extranjeras con presencia en Bolivia que ofrecen servicios financieros con criptoactivos, el Reglamento ETF establece un proceso claro de adecuación que debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025. Este proceso incluye la presentación de un plan de adecuación, la obtención de un certificado, y la solicitud de una licencia de funcionamiento, con requisitos estrictos en ciberseguridad y gestión de riesgos. El siguiente diagrama ilustra los pasos clave:

---
config:
  theme: neutral
  look: neo
  layout: dagre
---
flowchart TD
    A["Inicio: Empresa desea operar como ETF en Bolivia"] --> B["Presentar solicitud inicial a ASFI"]
    B --> C["Elaborar y presentar Plan de Adecuación"]
    C --> D{"ASFI evalúa el Plan"}
    D -- Aprobado --> E["Obtiene Certificado de Adecuación"]
    D -- Rechazado --> F["Modificar Plan y re-presentar"]
    F --> C
    E --> G["Iniciar Etapa de Licencia de Funcionamiento"]
    G --> H["Presentar requisitos adicionales (ciberseguridad, gestión de riesgos)"]
    H --> I{"ASFI evalúa cumplimiento"}
    I -- Cumple todos los requisitos --> J["Licencia sin restricciones"]
    I -- Cumple parcialmente --> K["Licencia con restricciones"]
    I -- No cumple --> L["Postergación de licencia\nDebe corregir deficiencias"]
    L --> H
    J --> M["Operación autorizada\nPlazo hasta 31 dic 2025"]
    K --> M
    M --> N["Fin: Empresa opera como ETF regulada"]

Espinoza también ofreció una pista crucial sobre el razonamiento detrás de esta decisión:

“Imagínense el poder que tenemos los bolivianos para ir a reglamentar operaciones que son de carácter internacional.”

Esta frase, casi sarcástica, refleja una verdad incómoda: Bolivia, con un mercado pequeño y una economía en crisis, no tiene la capacidad ni el incentivo para enfrentarse a plataformas internacionales. El país enfrenta una escasez crónica de dólares, un tipo de cambio oficial desconectado de la realidad y una dependencia masiva de plataformas como Binance para acceder a stablecoins y obtener referencias del precio del dólar en el mercado paralelo.

El uso de stablecoins, especialmente USDT, ha crecido exponencialmente en Bolivia como respuesta a estas restricciones económicas. El siguiente gráfico ilustra esta tendencia:

Regular a Binance no solo sería un desafío logístico y diplomático, sino que podría cortar una vía crucial para los bolivianos que buscan proteger sus ahorros o realizar transacciones en un entorno económico hostil.

En cambio, ASFI ha optado por un enfoque pragmático: concentrarse en las empresas locales que actúan como intermediarios. Estas empresas, como exchanges locales o servicios que convierten criptoactivos a moneda local, deben registrarse ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), obtener licencias de ASFI y cumplir con la normativa antes del 31 de diciembre de 2025. Este enfoque permite a las autoridades supervisar los puntos de contacto directo con los usuarios bolivianos, sin interferir con el acceso a plataformas globales que funcionan como una válvula de escape en la crisis económica.

Para los usuarios, esto significa que pueden seguir usando Binance y otras plataformas P2P sin restricciones regulatorias directas de ASFI. Sin embargo, también implica que lo hacen bajo su propio riesgo: no hay protección local en caso de fraudes, hackeos o disputas. Para las empresas intermediarias locales, la regulación impone nuevos requisitos, como sistemas de ciberseguridad y gestión de riesgos, pero también podría legitimar sus operaciones y generar confianza en un mercado que hasta ahora ha operado en una zona gris.

Otros países han tomado caminos diferentes para regular los exchanges de criptomonedas. La siguiente tabla compara el enfoque de Bolivia con el de Estados Unidos, Tailandia, y Filipinas:

En Estados Unidos, Binance creó Binance.US para cumplir con regulaciones estrictas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y leyes estatales, enfrentando multas multimillonarias cuando no cumplió. En Tailandia, Binance se asoció con Gulf Energy para operar como Binance TH, bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores. En Filipinas, las autoridades intentaron bloquear el acceso a Binance desde diciembre de 2024, pero los usuarios siguen accediendo mediante VPNs, lo que limita la efectividad de la medida. Bolivia, por su parte, parece haber decidido que los costos de tales medidas superan los beneficios, especialmente en un momento en que la conversión de bolivianos a USDT es una tabla de salvación para muchos ciudadanos y hasta el Banco Central de Bolivia (BCB) utiliza datos de Binance para estimar volúmenes de transacciones.

Mi error inicial fue asumir que Bolivia seguiría un marco internacional ambicioso como el del FATF. Las declaraciones de Ivette Espinoza me hicieron ver que, en un país con una economía frágil y un mercado pequeño, la prioridad no es regular a los gigantes globales, sino controlar los riesgos locales sin ahogar el acceso a herramientas financieras esenciales. Este enfoque tiene consecuencias significativas: las empresas locales que deseen operar como intermediarios de criptoactivos podrían optar por establecerse en jurisdicciones extranjeras con normativas más flexibles o impuestos más bajos, ya que no es necesario tener representación legal en Bolivia para servir a clientes bolivianos. Esto podría desincentivar la inversión local en ETFs y limitar el desarrollo de un ecosistema financiero innovador dentro del país.

Para los usuarios, la libertad de usar plataformas internacionales viene con un costo: asumen el riesgo total en caso de problemas, sin protección de ASFI o mecanismos locales de resolución de disputas. Además, la dependencia de estas plataformas para acceder a dólares digitales podría complicar la política monetaria del BCB, especialmente si el uso de criptoactivos crece. Recomiendo a los usuarios educarse sobre los riesgos de operar con plataformas no reguladas y considerar billeteras de autocustodia para mayor seguridad. Bolivia está en una encrucijada: su enfoque pragmático refleja las limitaciones de un mercado pequeño en crisis, pero podría necesitar regulaciones más robustas en el futuro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación local.